Tuesday 25 July 2017

Public Affairs Agenda – 4 de julio de 2014

CON BOUDOU PROCESADO, LA OPOSICIÓN BUSCA SU LICENCIA Y RECLAMA JUICIO POLÍTICO

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El viernes pasado a última hora la noticia corrió rápido y golpeó directamente al Gobierno: el juez federal Ariel Lijo confirmó el procesamiento del Vicepresidente de la Nación en la causa Ciccone, por considerar responsabilidades de Boudou en la venta y administración de la calcográfica. Junto a Vandenbroele, Nuñez Carmona, Resnick Brenner, Ciccone y Reinwick, Amado Boudou fue procesado cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.

De acuerdo al juez, el actual Vicepresidente compró la empresa Ciccone Calcográfica a través de The Old Fund (fondo económico compartido con Nuñez Carmona y Vandenbroele) cuando era Ministro de Economía de la Nación. El dueño de la calcográfica Nicolas Ciccone y su yerno Guillermo Reinwick fueron también implicados en la causa por facilitarle la venta del 70% de la empresa a cambio que se levantara la quiebra de la compañía, la aprobación de pagos de la AFIP y un futuro contrato de trabajo entre la imprenta y el Estado.

Frente a este panorama, el arco político opositor comenzó a reclamar distintas responsabilidades del Vicepresidente de la Nación. En un primer momento, se pidió su suspensión o licencia obligatoria a su Presidencia del Senado de la Nación. Se discutió el miércoles en el Senado esta posibilidad; mientras al mismo tiempo en la Cámara Baja diputados debatían la posibilidad de juicio político a Boudou. El jueves tuvo lugar la reunión excepcional de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, con leve mayoría kirchnerista, para tratar esta posibilidad.

El pedido opositor fue desestimado en la comisión con el argumento que la causa Ciccone “se está tramitando” aún en la justicia y que todavía “no hay sentencia” contra el Vicepresidente. Pese a esto, líderes del Frente Renovador, del radicalismo y del Frente UNEN criticaron la postura del oficialismo y algunos se animaron de calificarla como “poco seria” o incluso de “ir en contra de la institucionalidad” de la vida política argentina. Al mismo tiempo, la defensa de Amado Boudou presentó ante la justicia un escrito informando que el Vicepresidente no irá hoy viernes a declarar. Esta ampliación de declaración la había pedido el mismo Boudou luego de confirmarse su procesamiento.

POR DECRETO, SCIOLI CREARÁ LA POLICÍA COMUNAL EN BUENOS AIRES

Ante tantas idas y vueltas entre los proyectos legislativos presentados por el Frente Para la Victoria y el Frente Renovador, el gobernador Scioli se decidió a implementar por decreto la formación efectiva de la “Policía de Prevención Local”. Esta nueva unidad policial en principio entrará en funciones en julio de 2015 y quedará habilitada para aquellas ciudades bonaerenses con más de 70 mil habitantes.

“La pulseada política no puede poner en riesgo la creación de una fuerza de aproximación y prevención, con fuerte compromiso local”, afirmó Scioli. La iniciativa legislativa había logrado la aprobación de la Cámara de Diputados provincial, y en el Senado tenía el visto bueno en general, pero no en particular. En este sentido, el Gobernador criticó la postura de los legisladores massistas, que en Diputados habían aprobado el proyecto presentado por el oficialismo, pero en el Senado no se decidían a terminar de confirmarlo para efectivizarlo como ley, luego de cinco intentos fallidos para tratarlo en sesión legislativa.

Desde la vereda de enfrente, Sergio Massa adelantó que iba a apoyar la formación de esta nueva fuerza policial por decreto “siempre y cuando sea el proyecto elaborado y presentado por (el ministro de Seguridad, Alejandro) Granados, y no el modificado por La Cámpora y Saín”. Es decir, que los efectivos estén armados las 24 horas y que tengan las mismas capacidades que cualquier otro policía. También desde el Frente Renovador, el jefe de su bancada en el Senado, Jorge D’onofrio, criticó directamente a Daniel Scioli al afirmar que él también es parte del problema de inseguridad en la Provincia y que sólo le interesan los títulos y la política barata.

El intendente de San Miguel, Joaquín De la Torre, también criticó la decisión del gobernador bonaerense. “No corresponde que habiendo una Legislatura, Scioli busque otro camino para aprobar una ley que le impusieron”, afirmó el alcalde massista.

En términos técnicos, Granados deberá crear la Superintendencia de Seguridad Local dentro del ministerio que lidera, para poder darle amparo institucional y legal al funcionamiento de la policía municipal. Es decir que la nueva fuerza dependerá del ministerio de Seguridad, pero los jefes distritales serán elegidos por los intendentes.

LA OMC CONDENA A LA ARGENTINA POR RESTRICCIÓN DE IMPORTACIONES

Las restricciones a las improtaciones esta vez le jugó una mala pasada al Estado argentino, en el ámbito internacional de comercio. Esta semana se confirmó la futura sentencia desde la Organización Mundial de Comercio, a través de los Estados acusadores de Japón, Estados Unidos y la Unión Europea, por violar las reglas de éste ente internacional regulador.

El problema principal está sobre las licencias no automáticas a las importaciones aplicadas por la Secretaría de Comercio. Al no ser automáticas y requerir de una aprobación particular, el Estado argentino corre con la posibilidad de demorar e incluso dar de baja importaciones solicitadas por el sector privado en Argentina. La principal queja de los Estados demandantes es que Argentina no cumple con el plazo máximo de 60 días para dar licencia a las importaciones. Otros exportadores aducen no recibir la autorización para vender sus productos frente a la demanda desde Argentina, y tampoco explicaciones al respecto. Desde la Unión Europea, aseguran que se vieron afectadas operaciones que sumarían U$S 3100 millones, a valores de 2011.

Con estas restricciones a importaciones, Argentina estaría violando algunos acuerdos comerciales, principal motivo del reclamo y de la futura penalidad. Frente a esta posibilidad, funcionarios argentinos quieren lograr una prórroga en esta multa a través del Organismo de Aplicación, y que el costo del pago de esta infracción recaiga sobre la próxima gestión presidencial.

Sobre el autor

Gonzalo Plecity is Senior Account Executive for the Public Affairs practice in Edelman Argentina. He hold a BA in International Relations at the University of the Salvador. Previously, he worked as Operations and Supplies Officer in Pleamar Srl.