Tuesday 28 March 2017

Public Affairs Agenda – 21 de febrero de 2014

Algunos roces entre Kicillof y Fábrega

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Las lógicas de gestión económica entre el ministro de Economía y el titular del Banco Central encontraron los primeros chispazos frente al panorama económico y la serie de medidas que se vienen implementando desde ambos órganos para dar respuesta y cambiar la situación.

Cuando asumió la titularidad del Banco de bancos, Juan Carlos Fábrega recibió el visto bueno del sector financiero e incluso de senadores radicales, que lo conocen desde cuando presidía e inauguraba sucursales del Banco Nación en sus provincias. Incluso ésta semana recibió en su despacho de Reconquista al 200 a la cúpula de dirigentes radicales: Ernesto Sanz, el economista Javier González Fraga y a los jefes de los bloques de diputados y senadores, Mario Negri y Gerardo Morales. En ese encuentro, el presidente de la Unión Cívica Radical, Sanz, le compartió su preocupación sobre las consecuencias del aumento de las tasas de interés al 28%, que puede rebotar en consecuencias perjudiciales para las PYMES, con un incremento en sus tasas de hasta el 40%. Fábrega, a esto respondió con que su misión como autoridad financiera es frenar la inflación y disminuir la emisión monetaria, y que si esto trae aparejado un efecto recesivo, el Ministerio de Economía también debe asumir su rol de coordinador económico.

Desde la devaluación del 24 de enero pasado, Fábrega es visto por el kirchnerismo más puro y cercano a La Cámpora con otros ojos. Implementó una serie de medidas de corte ortodoxo para frenar la inflación cuando la Presidente había ratificado semanas atrás que éste no sería el Gobierno del ajuste ni de la devaluación. Subió las tasas de interés de los bancos a un 30% anual, limitó la tenencia de dólares de los bancos al obligarlos a venderlos y bajar el precio del dólar a $7,90, e incluso intervino el mercado de futuros para asegurar su liquidez. Un conjunto de decisiones que recibió la aceptación del mercado bancario y que hasta el momento está trayendo como resultado un dólar estable y cierta normalización de la economía, si tenemos en cuenta la incertidumbre reinante de algunas semanas atrás.

El problema interno es que estas decisiones de Fábregas no recibieron el visto bueno de Economía. Kicillof nunca fue de la partida de imponer una devaluación como método para frenar la salida de dólares de las Reservas, con el argumento de que esto perjudica directamente al consumidor. Lo que tampoco aprobaría sería una suba en la tasa de interés, porque al encarecer el crédito se frenaría la demanda de préstamos, lo que significaría un freno de la inversión y de la actividad económica.

La realidad marca que las acciones entre el Banco Central y el Ministerio de Economía no están siendo coordinadas. Fábrega parece haberle reclamado a Kicillof que frene el gasto público (lo que sería una disminución en los subsidios -sobre todo en energía- y un ajuste real), para lograr su intención de disminuir la emisión de moneda. Porque hasta el momento, el déficit fiscal se sigue financiando con mayor emisión monetaria. Aquí está el principal punto de conflicto entre ambos: Fábrega ve como un complemento necesario la reducción del gasto público para frenar la emisión y la inflación; y Kicillof no quiere realizar esta quita de subsidios porque significaría un verdadero ajuste; algo que desde el kirchnerismo se evita concretar.

Por ahora, lo que se “muestra” frente a la opinión pública es que mientras el Banco Central comenzó una serie de medidas de fondo, desde Economía se están preocupando por cuestiones más inmediatas y coyunturales, como contener el aumento de precios.

El Gobierno busca estimular el crédito para pequeños productores y PYMES

Por cómo ha comenzado el año, con devaluación de la moneda y un ritmo inflacionario considerable, podemos prever que desde Casa Rosada se deberá afrontar un año en el cual la situación económica será central y definitoria para las cuestiones políticas. Con una situación económica delicada para el sector productivo, el Gobierno quiere evitar que la demanda del crédito para inversión productiva se vea fuertemente reducida por el temor a endeudarse que genera la inflación en pequeños y medianos empresarios, que pueden ver perjudicada su capacidad de pagar mensualmente al banco la cuota crediticia.

Es así que desde el Ministerio de Economía esta semana se informó que se dará impulso, reforma mediante, a un programa desarrollado por Axel Kicillof en julio de 2012, mediante el cual se induce a los principales bancos del sistema financiero a que deban destinar un 5% del total de sus depósitos para préstamos a pequeñas y medianas empresas. La cifra que se tiene en cuenta para calcular la cifra real de ese porcentaje es el monto en millones de pesos que los bancos tenían en condiciones de prestar en noviembre del año pasado: una suma total de $500.000 millones. Por lo tanto, ese 5% serían unos $25.000 millones a poner a crédito para medianos y pequeños productores durante 2014, por toda la banca pública y privada. En 2013, el dinero prestado a este sector productivo sumó un total de $18.000 millones, por lo que de concretarse esta obligación el incremento para este año sería de $7.000 millones.

Pero esta operatoria vigente desde 2012 tiene algunas novedades para este año: la suba de la tasa de interés fija (del 15,25% al 17,50%) y un mejoramiento de condiciones para los bancos que otorgan estos créditos. Desde el Banco Central se les da mayor flexibilidad a los bancos al momento de colocar estos préstamos. Desde julio de 2012 eran sólo para PYMES, pero el cupo ahora también incluye créditos hipotecarios, y préstamos a grandes empresas que presenten proyectos de inversión, obras de infraestructura e incluso planes de exportación de bienes de capital. Con esta nueva dinámica, que será obligatoria, quedan comprometidos a adherirse casi la mitad de los 64 bancos que integran el sistema financiero. Se tendrán en cuenta los 20 primeros del ranking de depósitos del Banco Central y a todas las entidades que actúan como agentes financieros de las provincias. Los bancos públicos como el Banco Nación y el Banco Provincia de Bs. As serán los principales en el otorgamiento de estos créditos.

Continúa la “pretemporada” de las paritarias

Las negociaciones colectivas por aumentos salariales parecen ser el centro de la agenda política desde la semana pasada y seguramente se mantendrá en primera plana durante lo que resta de febrero y también en marzo. El impacto de la inflación en el poder adquisitivo de los trabajadores es un punto sensible a tratar e intentar resolver por el Gobierno nacional y provinciales también. Quienes parecen que comenzarán a marcar el rumbo en esta disputa por el ingreso serán los docentes; gremio siempre sensible en ésta época del año que busca un ajuste en sus sueldos antes del inicio del ciclo lectivo.

El inicio de éstas paritarias docentes comenzará hoy viernes por la tarde y es difícil que lleguen a un acuerdo en primera instancia. Desde el Gobierno, ya adelantaron que está la posibilidad de que el acuerdo alcanzado sea de manera unilateral, es decir impuesto desde el Estado, y representaría un incremento del 25% sobre el sueldo básico que hasta el momento perciben los maestros y profesores.

La decisión de ésta semana de José Manuel De la Sota de anticiparse a las negociaciones de Nación y anunciar un aumento salarial del 31,5% para los docentes cordobeses, puede entenderse con que el gobernador de Córdoba esté buscando marcar un parámetro de aumento salarial más elevado que el del Gobierno nacional, y generar así un nuevo inconveniente para Nación.

La disputa política estará dada porque los gremialistas buscarán salir lo más fortalecidos que puedan de estas negociaciones, con una cifra de ajuste salarial lo más cercana posible a los números reales de la inflación, estimados en poco más de 30% interanual. Pero los sindicalistas también saben que un aumento excesivo en los sueldos es inviable para los empresarios; pues podría repercutir en suspensiones o despidos masivos de personal por la imposibilidad de costear los gastos salariales y de seguridad social. Por lo tanto, las demandas de aumento deberían serán moderadas, pese a que muchos referentes gremiales anticipan un reclamo cercano al 40% de aumento. Y el actor regulatorio, el Estado nacional, deberá mediar entre estos dos sectores para poder llegar a buen puerto en términos de apoyo político sindical -siempre necesario para un gobierno peronista-, y al mismo tiempo dar garantías de cierta rentabilidad y estabilidad económica al sector privado. Los empresarios, ante un potencial escenario estable, podrían devolver esa confianza con decisiones de mayor inversión en la Argentina o aumento productivo para sustituir importaciones; un objetivo central de éste Gobierno.

Sobre el autor

Nicolás Gandini is Senior Account Executive for the Public Affairs practice in Edelman Argentina. He holds a BA in Political Science from the Universidad de Buenos Aires. He led a one-year-practice in journalism in Fundación Perfil, so his profile is near Political Communication. Previously, he made field work and surveys for sociological studies and investigations in the Universidad de Buenos Aires.